Análisis a la reforma del ejercicio fiscal 2020

1. Información
El pasado 8 de septiembre de 2019, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 conformado por los Criterios Generales de Política Económica, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del que se proponen diversas reformas a las leyes que a continuación se enlistan:

• Ley de Ingresos de la Federación.
• Ley de Impuesto Sobre la Renta.
• Ley de Impuesto al Valor Agregado.
• Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
• Código Fiscal de la Federación.
• Ley Federal de Derechos.

El Pleno de la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para la aprobación del Paquete Económico hasta el 20 de octubre, y por ambas cámaras a más tardar el 31 de octubre. Por otra Parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 debe ser ratificado por la Cámara Diputados a más tardar el 15 de noviembre.

Destaca la incorporación a nuestra legislación fiscal de un importante número de disposiciones, que alinearán a México en las acciones derivadas de la iniciativa BEPS (Erosión de la Base y Transferencia de Utilidades, por sus siglas en inglés), tales como: la identificación de un establecimiento permanente, el combate a instrumentos híbridos, la limitación a la deducción de intereses, así como regulaciones en materia de actividades digitales y la identificación de la razón de negocios para efectos fiscales.

2. Criterios de Política Económica
Para 2020, la Secretaría de Hacienda estima que el Producto Interno Bruto (PIB) registre un crecimiento anual entre 1.5 y 2.5%. Además, los ingresos presupuestarios tendrán un incremento de 0.4% respecto a la LIF (5.5 billones). Por lo que respecta a los ingresos tributarios, se estima obtener $3.49 billones de pesos (2.0% en términos reales, respecto a la LIF 2019).

Se estima una recaudación del ISR de $1.8 billones de pesos (1.8% superior respecto a la LIF de 2019), del IVA de $1,007.5 mil millones de pesos (-2.2% menos que en la LIF de 2019), e IEPS de $515.7 mil millones de pesos (13.7% más respecto a la LIF de 2019).

Para 2020, el Ejecutivo Federal estima las siguientes variables económicas:
• Tipo de cambio promedio del peso respecto al dólar estadounidense de $19.90.
• Inflación anual del 3%.
• Precio promedio de barril de petróleo crudo de 49 dólares.
• Endeudamiento interno de hasta 532 mil millones de pesos y externo de 1.25 mil millones de dólares.
• Superávit primario del 0.7% del PIB y un déficit público equivalente a 2.1% del PIB.

3. Aspectos relevantes y análisis
Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de la aprobación del Paquete Económico impulsado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?, del estudio que se practicó a la misma se considera que se sustenta en 3 puntos importantes, siendo estos:

I. El incremento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.5 al 2.5%.

II. Se estima que en ingresos tributarios se deberán obtener $3.49 billones de pesos (lo que representa un aumento del 2.0% de presupuesto del ejercicio 2019), dicha cantidad se integrará de $ 1.8 billones de pesos por Impuesto Sobre la Renta, $1,007.5 mil millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de $515.7 mil millones de pesos.

III. Abatir la emisión de facturación falsa, pues a través de estos se impide la debida recaudación.

Para lograr todo lo anterior, se busca endurecer el sistema tributario a través de diversos mecanismos, mismos que se resumen en los renglones subsecuentes:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

• LIMITACIÓN A LA DEDUCCIÓN DE INTERESES
Adicional a las reglas de capitalización insuficiente, los intereses netos por financiamientos recibidos serán no deducibles cuando excedan del 30% sobre la Utilidad Fiscal Ajustada.

No obstante, el monto de los intereses no deducibles se podrá deducir en los tres ejercicios siguientes, de no ser así entonces serán no deducibles de manera permanente.

Es importante resaltar que la limitación a la deducibilidad de intereses solo será aplicable cuando el monto no deducible conforme a esta regla sea superior al determinado bajo la regla de capitalización insuficiente, actualmente ya incluida en la LISR.

Se incluye una excepción a los primeros $20,000,000.00 de intereses deducibles del ejercicio que se repartirá entre las personas miembros del grupo, o partes relacionadas (incluyendo establecimientos permanentes de residentes del extranjero), en la proporción de los ingresos acumulables generados durante el ejercicio anterior.

Lo dispuesto en esta propuesta de reforma no será aplicable a los intereses que deriven de deudas contratadas para financiar obras de infraestructura pública, construcciones ubicadas en territorio nacional, a los intereses que deriven de deudas contratadas para financiar proyectos para la exploración, extracción, transporte, almacenamiento o distribución del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como para la generación, transmisión o almacenamiento de electricidad o agua.

• SUBCONTRATACIÓN LABORAL
A efecto de que sea posible aplicar las deducciones de las operaciones derivadas de la subcontratación laboral, se propone establecer como obligación de los contribuyentes contratantes de servicios de subcontratación laboral el calcular, retener y enterar el Impuesto al Valor Agregado causado por dichas operaciones.

• SERVICIOS POR INTERNET
Se propone la adición del Capítulo II “De los ingresos por actividades empresariales y profesionales” del Título IV de la LISR, la Sección III “De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares”, la raíz de esta adición se propone que la retención se efectúe sobre el total de los ingresos que perciban efectivamente por conducto de los citados medios las personas físicas, sin incluir el IVA, teniendo la retención el carácter de pago provisional.

• FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAÍCES
Se eliminará la figura de las FIBRAS de la Ley del ISR, se incluirá además una disposición transitoria que otorgue a los contribuyentes que aplicaban el esquema de FIBRA privada, dos años contados a partir de la reforma propuesta, para pagar el ISR causado por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes realizada al fideicomiso.

• PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL O EN LA DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS NACIONALES
Se indica que el estímulo previsto en el artículo 189 de la LISR, no podría aplicarse en forma conjunta con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales.

• VENTAS POR CATÁLOGO
Aquellos que realicen actividades empresariales al menudeo como vendedores independientes de productos de empresas por catálogo, esto mediante la retención de la contribución, éste esquema será obligatorio para todas las empresas que realicen ventas por catálogo, en los casos de que sus ingresos no excedan de 300 mil pesos considerarían la retención como pago definitivo y quienes excedan de 300 mil pesos o perciban otro tipo de ingresos, estarían obligados a presentar su declaración provisional o bimestral definitiva y acreditar el impuesto retenido.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

• ECONOMÍA DIGITAL
Se prevé en el artículo 16 de la LIVA, que tratándose de los servicios digitales que sean prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, se considere que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentre en el territorio mencionado, así como la creación de un nuevo Capítulo III BIS a la LIVA en el que se preverá el marco normativo aplicable a la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México.

• SUBCONTRATACIÓN LABORAL
Se indica una retención del IVA (la retención aplicable es del 16 %). Con ello, se aseguraría el pago del IVA y, en consecuencia, sería procedente el acreditamiento del impuesto que le fue trasladado al contratante.

• COMPENSANCIÓN DE SALDOS A FAVOR
Se pretenden reformar los párrafos primero y segundo del artículo 6o. de la LIVA, para incluir el tratamiento aplicable a la compensación de saldos a favor del IVA, que está actualmente en la LIF para el Ejercicio Fiscal de 2019.

• DEFINICIÓN DE ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO
Se incluye la definición de actos o actividades no objetos esta ley, como aquellos que realiza el contribuyente, diversos a los establecidos en el artículo 1 de la LIVA, esto es: los realizados en territorio nacional por actos de enajenación, prestación de servicios, arrendamiento e importación de bienes, por los que obtenga ingresos o contraprestaciones, para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el IVA.

Se precisa que este tipo de ingresos, deberán considerarse para determinar el factor de acreditamiento.

LEY DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

Se propone el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios pagado sobre tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos no esenciales altos en calorías. Es decir, no se plantea incrementar el impuesto a otros productos también gravados, como la gasolina.

La finalidad del impuesto es inhibir el consumo de estos productos, pues son dañinos para la salud. Además, por ende, su consumo implica un cargo al erario público, esto al convertirse en un problema de salud pública, y en consecuencia debe destinar una parte del gasto a combatir el sobrepeso, y enfermedades como la diabetes o el cáncer.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

• CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
Dentro del Artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación se prevén diversos motivos por los cuales la autoridad puede proceder a la cancelación del Certificado de Sello Digital (CSD), dicho catálogo se propone ampliar en los siguientes supuestos:

a) Se omita la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que estaba obligado a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales (actualmente procede ante la omisión de tres o más declaraciones), y en el caso de declaraciones provisionales o definitivas cuando se omitan dos o más consecutivas o no (ahora, tres o más consecutivas o seis no consecutivas).

b) En los casos en que los EDOS no acrediten la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrijan su situación fiscal en el término previsto en el artículo 69-B, octavo párrafo del CFF.

c) Cuando el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales no concuerden con los señalados en los CFDI, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan su poder o a las que tengan acceso los datos de contacto proporcionados por el contribuyente en el buzón tributario no sean correctos o auténticos, o no se hubiese desvirtuado la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales.

Adicional a lo anterior, se propuso que el plazo con el que autoridad cuenta para resolver las aclaraciones que presenten los contribuyentes será de 10 días (tres días actualmente, además, esta podrá solicitar documentación adicional y realizar diligencias para constatar lo señalado por el contribuyente, todo ello implicará plazos adicionales dentro del proceso de aclaración.

• E-FIRMA
Se propone que para la emisión de una e-firma será indispensable acreditar plenamente los datos de identidad, domicilio y situación fiscal, conforme al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la propuesta se centra en negar el otorgamiento del medio electrónico citado cuando no se proporcione información suficiente relacionada con su identidad, domicilio y situación fiscal, o bien, cuando esta no pueda ser validada por dicho órgano desconcentrado.

• BUZÓN TRIBUTARIO
Se establece que cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o registre medios de contacto erróneos o inexistentes se tendría que entender que se opone a la notificación, por lo que la autoridad podría realizar la notificación por estrados en términos del artículo 134, fracción III del CFF. Asimismo, se adiciona el artículo 86-C del CFF, para establecer como infracción no habilitar el buzón tributario y no registrar los medios de contacto conforme al artículo 17-K del CFF (buzón tributario), la multa aplicable sería de $3,080.00 a $9,250.00

• COMPENSACIÓN
Se añadirán al Código Fiscal de la Federación, las limitaciones de la compensación establecidas en el numeral 25 de LIF 2019, eliminando así la compensación universal.

• OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES CON INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES
Conforme a lo indicado en la exposición de motivos, de acuerdo con los estudios realizados por la Universidad de las Américas Puebla, se ha identificado que la tasa evasión estimada en el ejercicio 2016 de personas físicas que obtienen ingresos por concepto de arrendamiento es del 73.5% (0.1% de PIB).

En este sentido, y con el ánimo de fortalecer acciones que las autoridades fiscales han implementado para promover la emisión de comprobantes fiscales y con ello, erradicar prácticas evasivas, se propone que en las sentencias de orden civil en donde se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requiera al acreedor que compruebe haber expedido los comprobantes fiscales digitales correspondientes.

En caso de que no se acredite la emisión de los citados comprobantes fiscales digitales, la autoridad judicial deberá informar dicha omisión al Servicio de Administración Tributaria, en un plazo máximo de 5 días contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir con el requerimiento.

• COMITÉ DE ANÁLISIS
De acuerdo con la iniciativa, la información recibida será analizada por un Comité que estará integrado en partes iguales por miembros de la SHCP y el SAT.

El asesor fiscal y el contribuyente tendrán el derecho a manifestar lo que a sus intereses convenga relativo al esquema reportable. Para ello, el Comité los convocará a una de sus sesiones, sin que su inasistencia genere consecuencias.

Para realizar el análisis, este Comité podrá solicitar información adicional a los asesores fiscales y contribuyentes, quienes deberán presentar dicha información o una manifestación bajo protesta de decir verdad que señale que no se encuentran en posesión de esta, en un plazo máximo de 30 días a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del requerimiento de información adicional.

Si el contribuyente no atiende dicho requerimiento, lo hace de forma incompleta o extemporánea, el Comité no estará obligado a emitir una opinión y se podrá ordenar de inmediato el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales ante dicho contribuyente. Si no se atiende el requerimiento señalado, procederá la sanción correspondiente conforme al CFF.

En un periodo máximo de ocho meses contados a partir de la revelación del esquema reportable, dicho Comité notificará su opinión sobre la legalidad del esquema reportable, la cual será vinculante para los asesores fiscales, contribuyentes y autoridades fiscales.

En caso de que el Comité no notifique su opinión en el plazo señalado, se considerará la legalidad de los beneficios fiscales del esquema reportable en tanto no exista tal notificación.

Si el Comité confirma la validez de un esquema reportable, podrá excluirlo de los esquemas que deben ser revelados. En estos casos, se publicará en la página de Internet del SAT una descripción de dicho esquema sin incluir la información del contribuyente y el asesor fiscal.

Si el Comité considera que un esquema revelado es contrario a derecho, la notificación de su criterio obligará al asesor fiscal o contribuyente a detener cualquier actividad relacionada con dicho esquema.

En el caso de esquemas reportables que hayan sido parcial o totalmente implementados, si el Comité considera que el esquema revelado es contrario a derecho, el contribuyente podrá corregir su situación fiscal mediante declaración o declaraciones complementarias en un lapso máximo de 60 días a partir de dicha notificación. En caso de no hacerlo, trascurrido ese plazo, las autoridades fiscales podrán ejercer sus facultades de comprobación.

Impugnación de la opinión del Comité
La opinión emitida por el Comité podrá ser impugnada ante el TFJA o podrá iniciar un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble imposición, cuando este último sea procedente.

Inicio de la obligación
Los plazos previstos para cumplir con las obligaciones mencionadas empezarán a computarse a partir del 1o. de julio de 2020.

Los esquemas reportables que deberán ser revelados son los diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir de 2020, o con anterioridad cuando alguno de sus efectos fiscales se refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020.

La información correspondiente al último trimestre del ejercicio deberá presentarse a más tardar el último día del mes de febrero de 2020, en los medios y formatos señalados por el SAT en reglas de carácter general.

• HABILITACIÓN FORSOZA DE BUZÓN TRIBUTARIO
La principal función del buzón tributario es la comunicación entre el SAT y los contribuyentes, porque a través de él, los causantes pueden realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas.

Si bien casi la totalidad de los trámites que se llevan a cabo en la página del SAT se efectúan por este medio, no existe una disposición que de manera puntual establezca la obligatoriedad de uso del mismo; sin embargo, en la propuesta de reforma fiscal 2020 se pretende modificar el artículo 17-K del CFF para indicar que el contribuyente deberá habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el SAT mediante reglas de carácter general.

De igual forma, la iniciativa precisa que de ser omiso el contribuyente respecto a esta obligación, se entenderá que se opone a la notificación por este medio y la autoridad notificará por estrados. Asimismo, será causa de cancelación del certificado digital el hecho de que los datos de contacto proporcionados en el buzón no sean correctos o auténticos.

Por último, se prevé que no habilitar el buzón tributario será una infracción fiscal en términos del artículo 86-C del CFF, además de no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto. La multa equivaldría a $3,080 a $9,250.00 de acuerdo con el artículo 86-D del mismo Código.

Desde el ejercicio 2017, se establecieron diversas obligaciones para poder efectuar la deducción y el acreditamiento del IVA por las erogaciones realizadas por subcontratación laboral, ello para inhibir prácticas de evasión fiscal y fortalecer el control de obligaciones de los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales.

• SECRETO FISCAL
Se elimina la reserva, tratándose de sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil, cuando no cumplan la obligación de tramitar su constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, y respecto de aquellos contribuyentes que se ubiquen en los supuestos del artículo 69-B del CFF.

• TERCERO COLABORADOR FISCAL
Se establece la figura del tercero colaborador fiscal, cuya información podrá ser empleada para substanciar el procedimiento establecido en el artículo 69-B del CFF, así como para motivar las resoluciones del mismo.

• CLÁUSULA GENERAL ANTIELUSIÓN
Se adicionará el artículo 5o.-A al Código Fiscal de la Federación para regular cuándo no existe una RAZÓN DE NEGOCIOS, esto permitirá a la autoridad observar dicha situación en facultades de comprobación, y si a su consideración las operaciones realizadas entre los contribuyentes no tienen razón de ser, podrá declararlas como inexistentes.

• OBLIGACIONES PARA LOS ASESORES FISCALES
Se propone la implementación de un nuevo título al Código Fiscal de la Federación que comprende una serie de obligaciones para los asesores fiscales y los contribuyentes, lo que el Ejecutivo Federal denominó “esquemas reportables”.

Debe entenderse como esquemas reportables cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. No se considera un esquema, la realización de un trámite ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias fiscales.

Se considerarán como esquemas reportables generalizados, aquellos que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas del contribuyente de que se trate, la forma de obtener el beneficio fiscal sea la misma, deberán ser revelados a más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el primer contacto para su comercialización. Se entiende que se realiza el primer contacto para su comercialización, cuando se toman las medidas necesarias para que terceros conozcan la existencia del esquema reportables personalizados, aquellos que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente específico. Estos deberán ser revelados a más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que el esquema esté disponible para el contribuyente para su implementación, o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero.

Al respecto, debe entenderse por beneficio fiscal el valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo 5o-A de ese Código.

El SAT emitirá reglas de carácter general para la aplicación de lo anterior.

¿QUIENES SERÁN LOS OBLIGADOS?
Los asesores fiscales y los contribuyentes deben revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados al SAT. Adicionalmente, los asesores fiscales deberán registrarse como tales ante dicha autoridad.

Para este efecto, debe entenderse como asesor fiscal cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad, sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable o quien pone a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero.

Según la iniciativa, los asesores fiscales obligados serían los residentes en México o residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional de conformidad con la LISR, siempre que las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente sean aquellas realizadas por un asesor fiscal.

La propuesta precisa que existe la obligación de revelar un esquema reportable, sin importar la residencia fiscal del contribuyente siempre que éste obtenga un beneficio fiscal en México. Si varios asesores fiscales están obligados a revelar un mismo esquema reportable, se considerará que los mismos han cumplido con la obligación si uno de ellos revela dicho esquema a nombre y por cuenta de todos ellos.

Cuando el asesor fiscal sea una persona física que preste servicios de asesoría fiscal a través de una persona moral, no estará obligado a revelar, siempre que dicha persona moral revele el esquema reportable por ser considerada un asesor fiscal.

El asesor fiscal que revele dicho esquema deberá emitir una constancia, en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto expida el SAT, a los demás asesores fiscales que sean liberados de la obligación que indique que ha revelado el esquema reportable.

Esquemas ilegales
En caso de que un esquema reportable haya sido declarado ilegal mediante resolución firme, el asesor fiscal deberá notificar dicha situación a los contribuyentes a los cuales haya prestado sus servicios respecto a dicho esquema en un plazo máximo de 60 días a partir de la notificación de dicha resolución, para que estos no apliquen o dejen de aplicar los actos jurídicos que lo constituyan. El SAT emitirá las reglas de carácter general para la aplicación.

Facultades y sanciones
A efectos de verificar el cumplimiento de estas nuevas exigencias se propone otorgar las siguientes facultades a las autoridades fiscales:

Practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con las obligaciones respecto a un esquema reportable no revelado o revelado de forma incompleta o con errores, o infraccionar y multar al asesor fiscal (arts. 82-A y 82-B); las multas van desde 50 mil pesos a 20 millones de pesos.

Efectos de la revelación de un esquema reportable
La revelación de un esquema reportable no implica la aceptación o el rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades fiscales. La información presentada y que sea estrictamente indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la investigación por la posible comisión de los delitos fiscales, salvo tratándose de los delitos previstos en los artículos 113 y 113 Bis del CFF. La información obtenida deberá tratarse en los términos del artículo 69 del CFF.

La revelación de dichos esquemas, se realizará a través de una declaración informativa que se presentará por medio de los mecanismos que disponga el SAT para tal efecto.

Las publicaciones, describirán los esquemas reportables y las circunstancias bajo las cuales se consideran legales o ilegales, sin incluir la información del contribuyente y el asesor fiscal. Se publicará un extracto de los esquemas reportables que se consideren ilegales y legales en virtud de una jurisprudencia obligatoria a nivel nacional aplicable a dichos esquemas.

El SAT otorgará al asesor fiscal obligado a revelar, un número de identificación por cada uno de los esquemas reportables revelados.

OTRAS LEGISLACIONES QUE IMPACTARÁN CONJUNTAMENTE A LA REFORMA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2020

• PROYECTO DE REFORMA EN MATERIA PENAL FISCAL
El 14 de agosto de 2019, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, y Primera de la Cámara de Senadores, presentaron el dictamen correspondiente al “Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal” (proyecto de Reforma en materia penal fiscal), el cual a la fecha está pendiente de aprobación por parte del Senado.

Asimismo, el pasado 9 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual entró en vigor a partir del 10 de agosto.

Combate a la compraventa de comprobantes fiscales
Se establece un nuevo tipo delictivo consistente en la compraventa de comprobantes fiscales, y se prevén las sanciones correspondientes.

Cabe señalar que cuando el delito sea cometido por un servidor público, además de la sanción establecida, será inhabilitado para desempeñar cargo o comisión públicos.

Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para proceder penalmente.

El delito por la compraventa de comprobantes fiscales y el previsto en materia de lavado de dinero, se podrán perseguir simultáneamente.

• CÓDIGO PENAL FEDERAL
Sanción a las personas morales:

A las personas morales se les podrán imponer una o varias de las consecuencias jurídicas, cuando hayan intervenido en la comisión del delito de la compraventa de facturas regulado en el CFF.

• CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Consecuencias por la comisión de delitos fiscales:

Tratándose de la comisión de los siguientes delitos previstos en el CFF: i) contrabando fiscal y su equiparable; ii) defraudación fiscal y sus equiparables, y iii) la compraventa de comprobantes fiscales, se considera que:

a) Ameritan prisión preventiva oficiosa.
b) No serán procedentes los acuerdos reparatorios.
c) Será improcedente la suspensión condicional del proceso.

Criterios de oportunidad
Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la SHCP, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal, únicamente cuando el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.

• LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
Amenazas a la Seguridad Nacional:

Se consideran amenazas a la Seguridad Nacional, los siguientes actos ilícitos en contra del Fisco Federal:

I) el contrabando fiscal y su equiparable;

II) la defraudación fiscal y su equiparables, y

III) la compraventa de comprobantes fiscales.

• LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Mediante el Decreto publicado en el DOF el 9 de agosto de 2019, se expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reformaron otros ordenamientos jurídicos correlacionados, a través de la cual se regula la figura del decomiso, en su vertiente civil, el cual significa la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse; en particular, aquellos que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, como son los previstos, entre otros ordenamientos, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

La acción de extinción de dominio le corresponde al Ministerio Público y se ejercerá a través de un juicio de naturaleza civil, de carácter patrimonial.

La extinción de dominio será declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien ostente o comporte como tal; ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes.

Es importante mencionar que el proceso de extinción de dominio será autónomo, distinto e independiente de aquel, o aquellos en materia penal, de los cuales se haya obtenido información relativa a la sustentación de la acción de extinción de dominio. Asimismo, el particular afectado por la aplicación de esta ley tendrá la carga de la prueba para acreditar, con medios probatorios idóneos, que hubo buena fe en la adquisición y destino de los bienes.

Al respecto, cabe destacar que la autoridad podrá disponer de los bienes y enajenarlos sin que exista sentencia condenatoria y, en el supuesto de que el particular logre demostrar que el origen de los bienes es lícito, la autoridad indemnizará al afectado.

Asimismo, resulta relevante mencionar que la acción de extinción de dominio no prescribe cuando los recursos para la adquisición de los bienes fueron obtenidos ilícitamente. Prescribe en 20 años dicha acción cuando los bienes fueron utilizados para la comisión de un delito, pero fueron adquiridos lícitamente.

• LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Se propone incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada a la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada.

Asimismo, plantea combatir a quienes acuerdan criminalmente evadir el pago de contribuciones al Fisco Federal. En efecto, en dicha Iniciativa se establece que cuando tres o más personas se organicen para realizar, de manera permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como objetivo o resultado cometer el delito de defraudación fiscal, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

 

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