¿El personal médico puede practicar métodos anticonceptivos permanentes, sin el consentimiento informado de la mujer?

En primer lugar, es necesario tener presente que la Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) o salpingoclasia es un método de anticoncepción permanente o definitivo que se realiza en aquellas mujeres que tienen el número de hijos deseado y no quieren tener más embarazos, y que han recibido previamente información completa sobre tal método anticonceptivo; este procedimiento generalmente se realiza en la mujer después de un parto, aborto, durante la cesárea o en cualquier momento que la mujer decida no tener más hijos.

El personal médico sanitario debe de proporcionar información oportuna, eficaz y completa a la pareja sobre los diferentes métodos antinconceptivos (entre los que se encuentra el OBT o salpingoclasia), esto para que las parejas puedan decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad, en cumplimiento al artículo 67 de la Ley General de Salud.

En el caso del procedimiento OBT o salpingoclasia, el personal médico debe de obtener previo a la ejecución de dicho acto médico, un consentimiento informado de la mujer, y no de terceros, atendiendo a que dicho consentimiento es personal, y no reviste la calidad de urgente o emergencia médica, de modo que la mujer puede otorgar su consentimiento en cualquier momento de manera libre y voluntaria.

Por lo tanto, si el personal médico lleva acabo el OBT o salpingoclasia sin el consentimiento informado previo de la mujer, se obtiene durante o inmediatamente después del parto o de una cesárea, o bajo los efectos de algún sedante, o proviene de terceros (incluyendo su pareja), se estaría en presencia de un acto médico que vulneraría los derechos reproductivos de la mujer.

En ese supuesto, se estaría en presencia de un acto médico negligente que ocasiona daños irreparables a la mujer, y que mediante el uso de los diferentes medios legales de defensa, se puede obtener una indemnización económica por parte del Estado (tratándose de hospitales públicos) o del médico responsable (tratándose de hospitales o clínicas particulares)

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