Del derecho sucesorio laboral y sus requisitos

El 1 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva entre otros muchos tópicos, pretendiendo hacer más expedito el sistema de impartición de justicia laboral, eliminando las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje que dependen del poder Ejecutivo, creando en su lugar Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial los cuales iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años para los locales y cuatro años para los federales a partir de dicha reforma, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales.

Sin embargo, y hasta en tanto entren en funciones los procedimientos que se encuentren en trámite serán concluidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Así, pues la presente nota detalla el derecho sucesorio laboral y los requisitos documentales para su resolución ante estas.

Los artículos 115, 501, 503, 892 y 895 de la Ley Federal del Trabajo, contemplan el denominado derecho sucesorio laboral y las reglas procesales para substanciarlo, donde los beneficiarios de un trabajador fallecido podrán acceder a las prerrogativas sin necesidad de juicio sucesorio, lo que de suyo tiene que las prestaciones e indemnizaciones generadas por el trabajador al paso de su vida laboral, no necesitan ser dirimidas ante la autoridad judicial del orden civil, pues basta que en la instancia laboral se demuestre quiénes son los -legítimos beneficiarios- para poder acceder a las mismas. Tramitándose y resolviéndose procedimentalmente vía especial dada la celeridad procesal que amerita este tipo de juicios, que atiende primordialmente, a la necesidad de proteger a los beneficiarios del trabajador finado, que han sufrido la pérdida del proveedor económico.

De los dispositivos de cuenta, se colige que cuando un trabajador fallezca su beneficiario tendrá derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones producidas durante su vida laboral; para lo cual la Ley Federal del Trabajo contempla una serie de requisitos para acceder a dichos beneficios, los cuales tienen como nota distintiva un orden de prelación y de concurrencia entre las personas susceptibles a ser considerados como tales.

El ordinal 501, dispone que pueden ser designados con tal carácter: el cónyuge supérstite; los hijos menores de dieciséis años y los mayores de dicha edad que tengan incapacidad del cincuenta por ciento o más; los ascendientes que dependan económicamente de éste; el concubinario o la concubina siempre que hayan permanecido libres de matrimonio, y a falta de estos los que hayan dependido económicamente de él, o el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De los requisitos documentales

Como se apuntó, las personas que se consideren sucesores en los haberes generados en vida por el trabajador finado, deberán acreditar encontrarse en alguno de los supuestos consignados en el dispositivo 501, (ya sea por parentesco, edad, condición física, y/o dependencia económica.) A continuación, se expondrán los requisitos documentales idóneos para cada una de las hipótesis normativas.

Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte:
I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más;

En todos los supuestos se requiere copia certificada del acta de defunción. (Precisando que preferentemente se deberán exhibir en juicio copias certificadas FIELES, o bien, en EXTRACTO siempre y cuando aparezcan los datos mínimos -nombres completos- para acreditar el parentesco.)

Para la viuda y viudo copia certificada del acta de defunción, y de matrimonio con fecha de expedición posterior a la defunción, a efecto de acreditar que a la fecha del infortunio deceso, se encontraba vigente el vínculo contractual del matrimonio.

Se hace la precisión que la ley impone al viudo las cargas adicionales de tener una incapacidad del 50% o más y haber dependido económicamente de la finada para ser su beneficiario. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema de nuestro ordenamiento jurídico de sus artículos 1 y 4 se advierte que la no discriminación es una verdadero derecho humano, consistente en el derecho del gobernando de ser tratado de la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, prohibiendo todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos son iguales ante la Ley, y deben ser protegidos sin distinción alguna. Los artículos 3 y 17 de la Ley Federal del Trabajo, refieren que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad entre otros. Así, pues atendiendo a la garantía de no discriminación y al principio de equidad, resultan inaplicables las obligaciones impuestas al viudo. Por tanto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están constreñidas a no aplicar a los viudos dichas cargas procesales.

En esta misma fracción, se encuentran contemplados también los hijos menores de 16 y 18 años, no obstante, podrán ser declarados beneficiarios los hijos mayores de estas edades y hasta los 25 años si estos se encuentran estudiando, en planteles reconocidos por el sistema educativo nacional, además de su acta de nacimiento deberán exhibir constancia de estudios expedida por el plantel educativo.

También, se ubican los hijos mayores de la edades referidas, que cuenten con alguna incapacidad física o mental, quienes deberán exhibir además de su copia certificada de acta de nacimiento constancia, certificado médico y/o dictamen expedido preferentemente por una Institución Pública, excepcionalmente por servicio médico privado. En la que se haga constar el tipo de incapacidad física o mental, y de ser el caso el grado de esta.

Fracción II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador;

Los padres deberán adjuntar copia certificada del acta de nacimiento de su finado hijo, en la que consten los nombres completos de éstos y del trabajador fallecido. (Los progenitores gozan de presunción de dependencia económica.)

Fracción III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

La concubina y concubinario, para acreditar esta calidad puede ser mediante sentencia de juicio ordinario o jurisdicción voluntaria ante juzgado civil donde se declare tal carácter. O bien, con documentos oficiales como recibos de luz, teléfono, predial, credenciales para votar del INE o IFE de los (concubinos), siempre y cuando ostenten el mismo domicilio, para presumir la cohabitación y vida marital. Si tuvieron hijos, deberán exhibir copias certificadas de los mismos, para adminicularse y consolidar dicha presunción.

Se deberán exhibir constancias de inexistencia de registro matrimonio de la concubina y finado empleado, expedidas por el registro civil de la Ciudad donde se trámite el juicio sucesorio laboral, y si la residencia del finado es diversa a esta (Ciudad de México), deberán además proporcionar también similares constancias expedidas por el registro civil de su domicilio (Estado de México, Morelos, Etc.)

Fracción IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y

En esta hipótesis, encuadran diversas personas, como hermanos, tíos, sobrinos, primos, etcétera del finado empleado. El distintivo aquí, es la dependencia económica que tenían con el fallecido. Por tanto, la Autoridad de Trabajo, ordenara practicar una investigación de dependencia económica, en el domicilio donde habitaba el finado empleado, efecto de averiguar qué persona o personas dependían económicamente del trabajador.

Las personas que se consideren como dependientes económicos, independientemente de la investigación que realice esta Junta, podrán ofrecer testigos para acreditar la dependencia económica, quedando a su cargo acreditar en juicio dicha dependencia.

Fracción V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Una vez sustanciado el juicio si la Junta de Conciliación y Arbitraje no declara legítimos beneficiarios, debe declarar con tal carácter al IMSS.

 

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